Así lo ha expresado la presidenta de Amnistía en Castilla y León, Arancha Vicario, quien ha ofrecido una rueda de presa junto al presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión, Daniel Duque.
Vicario, quien ha presentado el Informe 2012 de Amnistía, ha explicado que la organización se ha marcado una "agenda" de Derechos Humanos para esta legislatura en la que incluyen sus preocupaciones, recomendaciones y sugerencias que afectan a derechos como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, en la Comunidad.
En este sentido, ha explicado que se ha pedido tanto a las instituciones de la Comunidad como a las empresas que jueguen un "papel" en la defensa de los Derechos Humanos, para lo que han mantenido entrevistas tanto con consejeros del Gobierno autonómico como con los grupos parlamentarios.
A este respecto, han solicitado un "plan" de Derechos Humanos que contenga los pasos, causes y objetivos que se pretendan conseguir; un plan contra el racismo y la discriminación, además de una educación en Derechos Humanos tanto en escuelas como a profesionales cualificados, entre otros.
Además, la organización trabaja en materia de Derechos Humanos entre los estudiantes, con una red en la que están adscritos 40 centros escolares y la participación de 33 en un "maratón de cartas" sobre este tema.
Por otro lado, Amnistía, entre los trabajados llevados a cabo el pasado año, también ha hecho una serie de aportaciones al anteproyecto de ley de integración de la población inmigrante en Castilla y León.
En cuanto a otras cuestiones en las que trabaja, la organización ha indicado que pretende que la sociedad y las instituciones se pronuncien en favor del tratado para el comercio de armas que se debatirá este año.
En concreto, en el caso de las Cortes de Castilla y León se llevará una declaración al pleno de mediados de junio en el que esperan obtener el apoyo del Parlamento al igual que se ha logrado en el Ayuntamiento de Burgos o en consistorios de León.
ADVERTENCIA SOBRE EXCLUSIÓN
Por su parte, el presidente de EAPN Castilla y León ha advertido del incremento de las personas en riesgo de exclusión, sobre todo si se tienen en cuenta nuevos indicadores y no sólo los económicos.En concreto, ha indicado que si sólo se mide en términos económicos, las personas que sufren una situación de pobreza o que se encuentran en riesgo de exclusión es del 20 por ciento.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el nuevo indicador (denominado Arope) que tiene en cuenta la renta, la privación material severa (determinadas comidas, poder pagar la calefacción o tener una semana de vacaciones) y la intensidad de trabajo por hogar (ocupación o no de sus miembros), en la Comunidad se podría llegar al 26 por ciento, según los datos de 2010.
Pero Daniel Duque advierte de que este pasado año esta población se ha podido incrementar uno o dos puntos, por lo que se estima que podría alcanzar las 600.000 personas en la Comunidad.
En este marco, ha pedido recursos para intentar que la dignidad de estas personas se mejore o se evite la exclusión porque, de lo contrario, estas situaciones "se pueden cronificar".
Como reto de las organizaciones que integran EAPN, Duque ha explicado que se centrará en reforzar la atención que prestan, cada vez más demandada, así como continuar con la sensibilización y concienciación social para evitar "caer en la demagogia" y perder lo que se ha conseguido.
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