Padres e Hijos Los políticos se comprometen por una «legislatura de la infancia»

La ONU recomienda al Congreso de los Diputados elaborar una Ley de Protección a la Infancia y luchar contra la pobreza infantil

Una delegación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, encabezada por su presidente, Jean Zermatten, ha mantenido un encuentro con representantes del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados en el que todos han prometido trabajar por conseguir que ésta sea la «legislatura de la infancia». Al encuentro estaban invitados los portavoces de la Comisión parlamentaria de Sanidad y Servicios Sociales, si bien solo acudieron el presidente de la misma, Mario Mingo; el diputado del PP, Nacho Uriarte, y la del PSOE, Marisol Pérez.

Zermatten, que ha sido invitado a España por la ONG Save the Children, ha explicado por primera vez en la Cámara Baja la evaluación que el Comité de la ONU realizó a España en 2010 en materia de infancia, y de la que se desprenden una serie de recomendaciones que ha recordado a los diputados. Entre éstas está la elaboración de una Ley de Protección a la Infancia o una Ley contra la pobreza infantil, por ejemplo.

A esta reunión han acudido igualmente, la responsable de Save The Children, Yolanda Román, así como la directora ejecutiva de Unicef en España, Paloma Escudero, quien ha destacado el consenso entre todos los grupos presentes para una legislatura por la infancia, no solo como un compromiso con la comisión de sanidad y servicios sociales, sino por todo el Congreso de los Diputados. Desde el PP, Nacho Uriarte, les ha trasladado la inquietud de su grupo parlamentario y del Gobierno de España de que sea ésta «la legislatura de la infancia» y que se puedan poner los mecanismos necesarios para que los riesgos de exclusión para los menores se reduzcan. Mientras, su homóloga del PSOE, Marisol Pérez, ha destacado que, aunque no haya sido una reunión oficial, este tipo de encuentros son relevantes para poner sobre la agenda política a la infancia. «Se trata del colectivo más vulnerable. Esperamos que la infancia sea uno de los ejes centrales de la legislatura», ha agregado.

Tanto PP como PSOE, que han estado reunidos cerca de hora y media, han resaltado la elaboración del Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2012-2015, que el Gobierno está desarrollando en estos momentos.

El número de extranjeros que realizaron cursos de español en CyL aumentó un 13,5% en 2011, hasta alcanzar los 46.643

El número de alumnos extranjeros que realizaron cursos de español en Castilla y León aumentó un 13,5 por ciento en 2011 con respecto al año anterior, hasta alcanzar la cifra de 46.643 estudiantes, según los datos dados a conocer este viernes en Salamanca por la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García.
Precisamente fue esta provincia la que recibió mayor número de alumnos, concretamente 33.441, el 71,7 por ciento del total y con un crecimiento en 2011 del 17,09 por ciento, seguida de lejos por Valladolid, con 5.742; León, con 2.541; Segovia, con 1.107; Zamora, con 1.093; Burgos, con 1.041, Ávila con 948; Soria, con 378, y Palencia, que ocupa el farolillo rojo con 355 estudiantes.
Desde 2005, el número de alumnos extranjeros que vinieron a Castilla y León para aprender español ha pasado de 30.000 a 46.646, provenientes en su mayoría de Estados Unidos (7.730), Francia (6.401), Italia (4.676), Alemania (4.308) y Reino Unido (3.228). Este grupo representa además el 56,4 del total de estudiantes foráneos.
En este sentido, el número de estadounidenses ha experimentado un crecimiento del 16 por ciento, mientras que los británicos han pasado de ocupar el noveno puesto, al quinto, con unas cifras que "prácticamente se han duplicado".
La mayoría de estas personas, un 63 por ciento, eligió las 24 escuelas privadas con que cuenta la Comunidad, seguidas por la universidades y las escuelas oficiales de idiomas.
Alicia García ha dado a conocer estos datos durante su visita al Mercado de Contratación de Turismo Idiomático, organizado por la Junta con el apoyo de Turespaña y en el que ha estado presente el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.
Precisamente, desde 2008 el número de centros acreditados por este Instituto en Castilla y León se ha incrementado en un 66 por ciento, merced al Convenio Marco firmado entre Cervantes y Junta en 2006.
La consejera ha aprovechado el encuentro para reiterar a García de la Concha su propuesta de que Salamanca se convierta en la sede de la reunión anual de directores de las sucursales de este Instituto en el mundo.

ENCUENTRO CON TOUROPERADORES

La responsable de Cultura y Turismo también ha mantenido un encuentro con 15 touroperadores de español de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Australia y Nueva Zelanda para promover la difusión de Castilla y León como lugar para el estudio del español.
Junto a los datos del I Plan del Español, Alicia García ha avanzado algunas líneas del segundo, que contará con 550.000 euros para el desarrollo y diversificación de las empresas del sector, 592.000 para la creación de la Red Mundial de Hispanistas, 130.000 para un programa de becas en colaboración con el Instituto Cervantes, 50.000 a la creación del Sistema Consorcial del Español y 162.000 a la creación de recursos didácticos y la colaboración con las universidades de Castilla y León.

Juan José Toribio aboga por "reformular" el Estado de Bienestar y promover reformas estructurales

El exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) Juan José Toribio ha abogado por "reformular" el Estado de Bienestar y promover "reformas estructurales" en el actual contexto económico, durante su intervención en el V Encuentro de Alumnos del IESE, que ha contado con la participación de 250 directivos y empresarios gallegos.

   En el encuentro, titulado 'Salir de la crisis gestionando mejor la empresa', el profesor del IESE y presidente de la Comisión Académica del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y del Centro Internacional de Investigación Financiera, Juan José Toribio, ha indicado que la situación de la economía mundial "no es tan mala, con un crecimiento del 3,5%".

   Sin embargo, ha señalado que el principal problema al que se enfrenta la Eurozona es no contar con mecanismos comunes para poder realizar un control de los desequilibrios internos que están surgiendo en la actualidad.

   Para Juan José Toribio, uno de los principales desafíos de Europa es conseguir una completa integración, a nivel fiscal, financiero y bancario. Además, ha calificado como "fundamental" la realización de reformas estructurales, reformulando el llamado Estado de Bienestar, y la reducción de los desequilibrios económicos, tanto en los balances de pago como en los presupuestos.

   Sobre España, ha indicado que cuenta con tres obstáculos para reactivar su economía. "La situación del sistema financiero, el elevado déficit público y el mercado de trabajo", ha afirmado el profesor del IESE, que considera que el país se encuentra en un "laberinto".

   "Es muy complicado alcanzar un crecimiento económico sin que aumente el consumo, y con la coyuntura actual, marcada por la débil demanda interna, que ha derivado en una aguda desaceleración y en altas tasas de desempleo, conseguir un aumento del consumo es difícil", ha indicado.

14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un órgano consultivo del Gobierno critica que se prive de la sanidad a inmigrantes

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano consultivo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, expresa en un informe su "preocupación" por los recortes sanitarios y advierte de las consecuencias que tendrán para los ciudadanos. Entre otras cosas, considera que "retirar la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular podría llegar a provocar problemas de salud pública".
En un documento de 61 páginas titulado 'El nuevo marco legal y la salud de los inmigrantes', el Foro hace suyas las palabras de las entidades sociales, que alertan de que el real decreto de medidas sanitarias supondrá "un posible incremento de las atenciones en urgencias", que tendrá "consecuencias económicas".
Esta medida podría provocar efectos secundarios también en la población residente legal, ya que "los grupos a los que se dificulte el acceso a la atención primaria van a contraer enfermedades y las van a propagar".

Órgano de consulta

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes es el órgano de consulta, información y asesoramiento del Gobierno en materia de integración de los inmigrantes y está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Está formado por representantes de seis ministerios, dos comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, 10 asociaciones de inmigrantes, seis ONG, los sindicatos CCOO y UGT y dos confederaciones de empresarios.

'Agravamiento o cronificación'

En un pleno celebrado el pasado día 7, el Foro aprobó un documento en el que advierte que "manteniendo restringido el acceso a la atención sanitaria, limitándola sólo a las urgencias, la situación puede conducir, por la acumulación de episodios patológicos, a un agravamiento o cronificación de las enfermedades que son ocultadas o atendidas con retraso, provocando así la necesidad de hospitalizar estos casos y proporcionar una atención médica más costosa económicamente".
En este sentido, insiste en que hay enfermedades con un "alto potencial de transmisibilidad" y "no tratarlas a tiempo puede suponer un riesgo para la salud pública y, por ende, aumentar el coste para el sistema sanitario".
Además, "enfermedades infecciosas pueden propagarse en mayor medida si una parte de la población queda fuera de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento". "La falta de acceso a atención primaria puede dificultar el cumplimiento del tratamiento de de determinadas enfermedades infecciosas y tener graves repercusiones para la salud pública".

Los inmigrantes van menos al médico

El Foro recuerda que "la población inmigrante en España utiliza con menor frecuencia que la española los servicios médicos sanitarios".
En primer lugar, argumenta, porque los inmigrante suelen ser jóvenes y sanos. El segundo, porque les falta información sobre el funcionamiento del sistema, se encuentran con trabas administrativas y tienen dificultades lingüísticas o culturales. En tercero, porque sólo van a la consulta cuando padecen dolencias graves.
Por eso, concluye, "la inmigración en España no representa el ‘turismo sanitario’".

Recomendaciones que se tienen en cuenta

Los dictámenes del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes no son vinculantes para el Gobierno, pero éste suele tener en cuenta sus recomendaciones, como también tiene en cuenta las aportaciones del Consejo de Estado.
En este informe, el Foro propone al Gobierno que analice el impacto económico de estos recortes, atienda a las indicaciones de la ONU (que han ido en la misma línea crítica) y desarrolle "medidas que combinen sostenibilidad y eficacia del sistema con las garantías de derechos y el carácter universal del derecho a la salud".
Considera que la propuesta del Ministerio de Sanidad de dar cobertura sanitaria a los inmigrantes indocumentados mediante convenios de colaboración con las comunidades autónomas y las ONG es "poco viable".

Asociaciones contra la drogadicción tendrán que rechazar parte de la demanda de asistencia de drogodependientes

Asociaciones contra la drogadicción tendrán que rechazar parte de la demanda asistencial de drogodependientes por la reducción de recursos debido a los recortes económicos, según el representante de la Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones (PODA), Luis Manuel Flórez García, quien ha comparecido este martes en para informar sobre la atención integral a personas drogodependientes en la Cámara Baja.
"Es previsible que las entidades que representamos se vean obligadas a comenzar a rechazar demandas ante la imposibilidad de poder atenderles", ha afirmado durante su comparecencia en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.
Las entidades asociativas del sector han visto como la crisis ha provocado recortes en los recursos disponibles que ya han producido "graves" dificultades a estas organizaciones, hasta el punto de que "una parte sustancia de las entidades del sector y un tercio de los dispositivo están cerrados o en proceso de liquidación".
Durante su intervención ha hecho hincapié en los riesgos a los que se enfrentan con los recortes la red asistencial especializada, que se verá ampliamente mermada tras la reducción de un 28 por ciento del presupuesto del Plan Nacional de Drogas.
A su juicio, esta situación provocará un "riesgo" para las personas que deseen dejar de ser drogodependientes, además "puede retrotraer a España a la primera mitad de los año 80", cuando la carencia de recursos especializados propició que "los adictos se asentarán en las calles y plazas provocando inseguridad y una penosa imagen de España".
Para Flórez García los "escasos" dispositivos públicos no pueden cubrir sus actividades, ni el incremento permanente de la demanda. Asimismo, recuerda que los profesionales del SNS no suelen tener la formación, ni la experiencia idónea para ocuparse de una población tan compleja.
"Se ha dado por supuesto que las personas atendidas pueden ser derivadas con facilidad a los sistemas públicos sanitarios o de salud mental, pero eso no es cierto porque esos servicios generales carecen de capacidad para hacerse cargo de una demanda tan particular, y más teniendo en cuenta que estos dispositivo ya están desbordados por la demanda habitual", ha añadido.
En consecuencia, teme que esta situación limite el desarrollo de estas personas social y laboralmente, al tiempo que entiende que se excluye a los familiares del proceso terapéutico. Por este motivo, ha recordado su papel dentro del Plan Nacional de Drogas y ha apostado por seguir trabajando de manera "conjunta".
PODA está integrada, entre otras organizaciones, por Proyecto Hombre, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) y Cruz Roja.
CAMBIO DE "PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS"
Durante su intervención ha destacado que es necesario un cambio en la "percepción" que tiene la sociedad de los problemas de las adiciones, ya que cada vez se observa en las encuestas una menor preocupación; asimismo ha señalado la necesidad de un cambio en la terapias a drogodependientes, evitando confundir las adiciones con una enfermedad crónica.
Respecto a la percepción de la sociedad, Flórez García, lamenta que "desde hace ya tiempo este disminuyendo la inquietud que los problemas de drogas tienen los españoles", mientras que la edad de inicio en el consumo de algunas sustancias como el alcohol se reduce pese a que los jóvenes afirman conocer los riesgos que suponen el consumo de ciertas sustancias.
"Es preocupante la relativización de la percepción del riesgo que entraña el consumo de sustancias", ha explicado, al tiempo que ha advertido que "sigue siendo necesaria la presencia activa y responsable de las sociedad civil en la definición y respuesta de los problemas colectivos". Asimismo, ha lamentado que, en estos momentos, la sociedad española se mueva ante este problema entre la "indiferencia, confusión y ambivalencia".
Por tanto, a su juicio, "es preciso revisar los instrumento de análisis y los mecanismos de respuesta", es decir "es necesario replantearse críticamente y desde el análisis global del fenómeno, definir elementos problemáticos y estrategia anticipatorias o correctoras".
Por otra parte, ha destacado el nivel asistencia que en España se da a estas personas, un sistema asistencial que, reconoce, "ha costado mucho esfuerzo, tiempo y dinero ponerlo en pie". Así apuesta por un abordaje integral, tal y como es está haciendo hasta ahora en España, y se muestra contrario a definir las adicciones como enfermedad crónica, ya que "supondría la quiebra del actual modelo integrados y plural" y un "error" para el futuro de los pacientes.
"En el enfoque de la intervención asistencial no debe preponderar solo el criterio médico o sanitario, frente a los criterios de otras disciplinas que consideramos de gran peso en la posibilidades de cambio de estas personas", ha añadido.
LOS GRUPOS APOYAN A PODA
Tras su intervención todos los grupos han apoyado el trabajo que actualmente esta desarrollando PODA, asimismo la mayoría de los diputados se han mostrado preocupados por el abuso y consumo de sustancias adictivas. No obstante, a la hora de afrontar el problema los ángulos de mira del problema han sido diversos.
Desde el PSOE, el diputado asturiano Antonio Trevín se ha mostrado preocupado por la "minuvaloración" del riesgo de ciertas sustancias por parte de los jóvenes, por tanto entiende que igual será necesario reforzar los sistemas de prevención, y, especialmente, ante el aumento del consumo de alcohol entre los más jóvenes.
Asimismo, se ha mostrado extremadamente preocupado ante la posibilidad de que estas asociaciones dejen de atender la demanda de los drogodependientes.
Desde el Grupo Popular, el diputado Joaquín Villanova Rueda, ha trasladado su apuesta por una atención multidisciplinar de los drogodependientes, asimismo ha señalado que es "fundamental" un enfoque en el que del mismo modo se tenga en cuenta el tratamiento y su reinserción laboral.
Asimismo, entiende que son necesarios más recursos para estos pacientes y para estrategias de prevención, ya que "es la curación". Así, apuesta por el papel de los médicos de Atención Primaria y de la familia, sin desmerecer a estas organizaciones asociativas.
Por parte del Grupo Mixto Isidro Manuel Martínez Oblanca, se han destacado los recortes del Plan Nacional de Drogas que entiende puede afectar sobre todo en los programas de formación y sensibilidad; desde UyD, Toni Canto, ha mostrado su interés por el incremento de las adicciones en los próximos años y la posibilidad de buscar nuevas vías de financiación; mientras que desde Entesa Pel Progrés de Catalunya, apuesta por las propuestas que desde PODA se puedan realizar contra esta problemática social.

La transformación de la Europa Social a la Europa neoliberal

El falso problema de la deuda

La crisis actual es una crisis creada por decisiones tomadas por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y el objetivo de tales decisiones era conseguir lo que está ahora ocurriendo, es decir, el desmantelamiento del Estado del Bienestar (eliminando el principio básico de universalidad -es decir, de la identificación de derechos sociales con el concepto de ciudadanía- y la reducción de la protección social. Tales instituciones, junto con el Consejo Europeo, han querido promover la idea (que al final ha calado entre la población como resultado de la colaboración y complicidad de los medios de comunicación) de que un problema, creado en el sector privado, consecuencia de un enorme endeudamiento privado, se tiene que resolver a base de la reducción del sector público.
Según tal teoría, la “solución” a la crisis pasa por hacer creer a la ciudadanía que hay que reducir las pensiones públicas, recortar el gasto público, incluyendo el social (con recortes en la sanidad, en la educación, en los servicios de atención domiciliaria, en las escuelas de infancia, en los servicios sociales y un largo etcétera) a fin de salir de la crisis. La intensidad de tal avalancha ideológica es tal (ayudada por la falta de medios de información con vocación crítica de la sabiduría convencional) que incluso personas que se autodefinen de izquierdas se lo creen y cuando gobiernan aplican también tales políticas neoliberales, recurriendo al argumento de que no hay alternativas. Con ello, la única diferencia entre las izquierdas y las derechas gobernantes es la intensidad de los recortes y la dilución de los derechos sociales. La crisis de la socialdemocracia en Europa, incluida España, se debe precisamente a este hecho.
Es un indicador del enorme poder mediático y político que tienen aquellas instituciones (la troika y el Consejo Europeo) y los intereses financieros y empresariales que representan, que tales políticas, cuyo aval científico es nulo, se hayan convertido en la sabiduría convencional del pensamiento económico, mediático y político. Los datos, sin embargo, muestran sus enormes falsedades.
Primera falsedad. “El mayor problema que hoy existe es el enorme tamaño de la deuda pública”, frase utilizada desde el Presidente del BCE, el Sr. Mario Draghi (ultraliberal) al Catedrático de Economía, Josep Oliver (socialdemócrata, en una entrevista en TV3) que crea la desconfianza de los omnipotentes mercados financieros hacia los estados de los PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) y sus dificultades para poder financiarse. Pero miremos los datos y veamos el tamaño de la deuda pública de tales países. Cuando la crisis empezó, España tenía, en realidad, una de las deudas públicas más bajas de la Unión Europea (UE). Grecia, en cambio, la tenía elevada, 115% del PIB, pero no más elevada que muchos otros países de la UE.
En realidad, podría haberse reducido si su tasa de crecimiento económico hubiera continuado elevada y hubiera podido acceder al dinero a unos intereses bajos. Pero esto no ocurrió. Antes al contrario, las políticas impuestas por la troika empeoraron la situación dramáticamente, de manera que en casi dos años subió al 165% del PIB, con un dramático descenso de su crecimiento económico. En realidad, el PIB cayó en picado (perdió un 11% de su PIB), y Grecia entró en recesión. Cualquier macroeconomista que no pertenezca a la secta dogmática neoliberal puede ver que las políticas impuestas a Grecia eran un desastre. Lo que tenían que haber hecho es precisamente lo contrario de lo que hicieron.
El PIB de Grecia representa sólo un 3% del PIB agregado de los países de la UE-15 (el grupo de países con mayor desarrollo económico de la UE). Aquellas instituciones podrían haber ayudado a Grecia, facilitando su crecimiento económico a la vez que estimularan sus reformas internas (incrementando los ingresos al Estado –en lugar de recortar su gasto público social-, o disminuyendo su gasto militar, el más elevado proporcionalmente de la UE-15) y el BCE le comprara su deuda pública. Estas intervenciones apenas se consideraron. En su lugar se siguieron las políticas de austeridad (cuyo objetivo principal era que el Estado griego pagara sus deudas a la banca alemana y francesa, y que éste privatizara su sector público para el beneficio de los intereses financieros alemanes, franceses y griegos).
Estas políticas de austeridad iban envueltas de un mensaje que intentaba ser movilizador de las clases populares de Alemania, presentando tales políticas como necesarias para penalizar al pueblo griego que vivía por encima de sus posibilidades. Términos como “vagos” eran frecuentes en los mayores medios de información alemanes. En realidad, el trabajador griego trabaja más horas al año (2007) que el alemán (1408), y se jubila más tarde que el alemán. Un objetivo de aquellas instituciones era, y es, dividir a las clases populares para evitar la movilización popular (que es inevitable que ocurra) frente a tales políticas.
La austeridad creó la recesión
Dichas políticas de austeridad han creado la recesión, recesión que ha empeorado la llamada confianza de los mercados, pues los mercados financieros temen que si lo que ha pasado en Grecia, resultado de las políticas impuestas por la troika, se reprodujera en otros países como España e Italia, la Recesión se convertirá en Depresión. Cuando la troika exigió 74.000 millones de euros de recortes a Italia (cuya deuda es cinco veces superior a la griega) los intereses de los bonos italianos se dispararon. Un tanto semejante ha ocurrido en España. Las políticas de austeridad y la gran recesión que están causando, explican que los intereses de la deuda pública de estos países se estén disparando. Tales intereses aumentan porque cada vez es más difícil vender los bonos del Estado, pues los mercados temen que los Estados, debido al escaso crecimiento económico, no tendrán los recursos para pagarles.
Pero esta desconfianza explica también otro hecho. Y es que cuando los mercados ven que los Estados tienen que ofrecer intereses tan altos para poder vender sus bonos, entonces los bancos (que consideran tales bonos como poco seguros) los venden. Y hay entonces una huída general del capital hacia otros países con bonos más seguros (como el alemán). Pero no sólo los Estados son vulnerables, sino que todo el sistema bancario está en dificultades porque sus tripas están llenas de deuda pública (más de un billón de euros públicos españoles). Y así nos encontramos en una situación paradójica. Por un lado es bueno para los bancos que los Estados tengan que pagarles intereses altísimos. Ellos reciben dinero del BCE a unos intereses bajos (1%) y compran bonos del Estado a unos intereses del 6% o el 7%. Un negocio redondo. Pero, cuando compran mucho y especulan con ello, corren el riesgo de que al final el Estado no les pueda pagar los intereses. La suerte que tienen es que el BCE (su gran lobby) imprime dinero y les ayuda.
La alternativa también es fácil de ver. El BCE debería imprimir dinero y comprar bonos públicos de los Estados (en lugar de darles dinero a los bancos para que ellos lo compren) y con ello disminuir los intereses. Hay que entender que los intereses de los bonos no los deciden los mercados sino el BCE. El hecho de que los intereses de la deuda se hayan disparado se debe a que el BCE ha dejado de comprar bonos públicos del Estado español. Y, ¿por qué han dejado de comprarlos? Y la respuesta que usted, lector, no leerá ni oirá en sus medios es que el BCE supedita su compra de bonos a que el Estado privatice el Estado del Bienestar. Así de claro. Utiliza el enorme agobio que tiene el Estado para forzarle a que haga estos cambios. ¡Es un chantaje claro!
Ésta es la realidad. No hay duda de que la troika es consciente de que sus políticas están creando la crisis. No es un problema de incompetencia (aunque ésta es abundante entre los economistas, como los de Fedea, talibanes neoliberales, sino de arriesgarse a crear una gran depresión, utilizando el pánico de la crisis para conseguir lo que desean: la privatización del Estado del Bienestar, la reducción de la protección social, y el debilitamiento del mundo del trabajo.
¿Por qué la recesión no podrá resolverse en España y en la UE?
La manera como se construyó la Eurozona hace imposible que se resuelva el problema. El poder del capital financiero, y muy en especial de la banca, construyó una estructura que imposibilita la salida de la recesión. Y los dos pilares de esta construcción son el BCE, completamente independiente de cualquier control público, y el Pacto de Estabilidad, reforzado incluso más, con el Pacto Fiscal que solidifica la austeridad. Veamos los datos.
La consolidación del euro como moneda de la zona, hace que aquel país que acumule más euros está en una situación dominante. Este país es Alemania, y su enorme acumulación de euros se debe a que su economía se basa en exportaciones, dos terceras partes de las cuales van a los países de la Eurozona. Alemania vende, y los demás países compran.
La malignidad del Pacto Fiscal
Pero la segunda medida que está impidiendo la salida de la crisis es el Pacto de Estabilidad, citado anteriormente. El requisito de que los Estado no tengan un déficit público superior al 3% ha significado un corsé que ha dificultado la recuperación. Durante la recesión del 2009, el déficit presupuestario del Estado de EE.UU. fue de un 9% del PIB, permaneciendo a este nivel hasta el año 2011. Si hubiera sido un 3%, el crecimiento económico y creación de empleo hubiera sido mucho menor. Y la situación ha empeorado todavía más con el nuevo Pacto Fiscal, que obliga a los estados a no tener prácticamente déficit, lo cual es un disparate. Condena a la Eurozona y a la UE a un crecimiento mucho menor e imposibilita la salida de la crisis.
Una vez más, el gobierno socialista francés, ahora presidido por Hollande, está presionando para que tal Pacto lleve también el título de crecimiento. Pero el dominio conservador de la troika no permitirá el desarrollo de los instrumentos para alcanzarlo, como también ocurrió cuando se aprobó el Pacto de Estabilidad.

Familia destina el 80% de su presupuesto a personas en riesgo de exclusión social

VALLADOLID, ICAL La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta destinará el 80 por ciento de su presupuesto, casi 660 millones de los 824 asignados para este ejercicio, a atender a los colectivos más «vulnerables» de la Comunidad: las familias en situación de exclusión social, los menores -con la elaboración de un Pacto por los Derechos de la Infancia-, las víctimas de la violencia de género y las personas más dependientes, según explicó ayer la consejera Milagros Marcos en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes.

Marcos defendió que los presupuestos «realistas y ajustados» diseñados por su departamento están dirigidos a «los objetivos prioritarios de ayudar a quienes más lo necesiten en todas las etapas del ciclo vital de las personas», a «contribuir a la igualdad de oportunidades» y a «la utilización de los recursos con eficacia y eficiencia», al adaptar los servicios «a las nuevas demandas de la sociedad».

De los 824 millones consignados para Familia e Igualdad de Oportunidades, casi 781,5 se destinarán a la Gerencia de Servicios Sociales, mientras que la Administración General acaparará casi 27 millones.

En momentos de grave «situación económica de las familias», Marcos concedió especial importancia a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que en 2012 asciende a 32,3 millones de euros, casi un 20 por ciento más que en 2011, lo que supone «un importante esfuerzo presupuestario para la Junta en un año como el actual». La consejera matizó que se ha establecido una cuantía «acorde» a las previsiones de incremento computadas «en los últimos meses", pero que, al «considerarse un crédito ampliable», la cobertura de las necesidades «está garantizada». La consejera también incidió en que Castilla y León «sigue siendo la Comunidad mejor valorada en cuanto a oferta de servicios a los usuarios».