ACUERDO ENTRE EL OFENSOR Y LA VÍCTIMA

60 menores al año podrán redimir sus pequeños delitos en centros municipales

P.C.P. / Burgos - jueves, 19 de enero de 2012

En la jurisdicción de Menores, los asuntos se llaman expedientes y las penas medidas. Es el fiscal, y no el juez, quien instruye e investiga los hechos y se puede llegar a un acuerdo entre el ofensor y la víctima que evita el juicio, siempre que aquel asuma los hechos, pida perdón y el perjudicado acepte el pacto. Esta fase de reparación del daño entraña una clara intención educativa, mejor entendida y más provechosa cuanto más cercana a la infracción se produzca.
Y es en esta última etapa del proceso en la que entra el Ayuntamiento de Burgos, a través del convenio firmado ayer por el alcalde, Javier Lacalle, con la Fiscalía de Menores. Gracias a él, entre 50 y 60 jóvenes al año podrán redimir faltas o pequeños delitos cometidos sin violencia o intimidación grave, en centros y servicios municipales. En la actualidad ya se mantiene una colaboración, pero lo que se pretende es agilizar el tiempo en que el adolescente tarda en acceder al servicio, de los 6 meses actuales a uno o dos.
Fundamentalmente, se refieren a hurtos, pintadas u otro tipo de daños y robos con fuerza. Sus protagonistas tendrán que ser no habituales de la Fiscalía y su destino estará en centros cívicos, bibliotecas, el Espacio Joven y el Hangar, etc. «No se trata de duplicar los servicios de los funcionarios y del personal laboral», aclaró Lacalle, sino de realizar acciones concretas o tareas complementarias. El Ayuntamiento podrá el seguro y el material y equipamiento necesarios, además de realizar un seguimiento directo de las tareas.
Según el fiscal de Menores José Fernández, un 30% del trabajo anual «cumple el perfil» requerido para beneficiarse del convenio. El tiempo de prestación de los servicios depende de la persona y de la falta o delito cometido. «Los hay que en solo 3 semanas o 1 mes han cumplido y otros que necesitan una actuación más prolongada. Depende de los chicos», apostilló.
Tanto el alcalde como el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, alabaron el trabajo del área de Servicios Sociales, con la concejala Ana Lopidana al frente; y de la plantilla del Ministerio Público en Burgos, ayer representada por Purificación Sobrino; que han logrado un convenio pionero en Castilla y León. Con un año de duración, aunque prorrogable, se empezará a aplicar en cuanto se constituya la Comisión Técnica de Seguimiento.