Los servicios sociales atienden a 132 menores en situación de riesgo en 2011 Desde el área de familia e infancia se distribuyen ayudas económicas a 834 familias

Los servicios sociales del Ayuntamiento sanroqueño han atendido durante 2011 a un total de 132 menores en situación de riesgo social. El área de familia e infancia de la delegación municipal cuenta con dos unidades de intervención: el equipo familia-infancia, que ha atendido a 76 menores y el de tratamiento familiar, con 56 menores atendidos.

El programa de intervención está destinada a familias con menores de 18 años con dificultades sociales y familias con menores con los que se ha adoptado una medida protectora para posibilitar su retorno. E objetivo es apoyar a dichas familias para eliminar los factores que son o podrían ser causa de desprotección. Las intervenciones se realizan a nivel interdisciplinar y en coordinación con varios ámbitos (Salud, Educación, Juzgados y Policía Local). Se establece un plan de intervención psicosocioeducativo y personalizado para que los menores tengan sus necesidades básicas cubiertas y se garantice la permanencia familiar a través de varios programas, con actividades para adolescentes durante el verano.

La mayoría de los casos se dan por negligencia (10); conflicto grave de pareja (4); acoso escolar (2) y otros como maltrato físico o acoso escolar.

Por otra parte, han salido del programa 26 casos: altas terapéuticas (15); derivación a otros servicios sociales (6); finalización trabajo con acogimiento familiar (1); e imposibilidad de intervención (1).

Asimismo, los servicios sociales comunitarios realizan otras prestaciones de carácter económico: ayudas económicas de emergencia social, ayudas económicas familiares y otras ayudas que la dinámica social exija. En las primeras se han concedido durante el pasado año hasta 490. Están destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar y que tengan que ser atendidas con inmediatez.

En ayudas familiares, se han concedido 344, destinadas a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos necesario para ello.

La mayoría de estas prestaciones van dirigidas a la alimentación en general (30%); pagos recibos de luz (25%); pagos recibos de agua (15%); alimentación infantil (8%); material escolar (7%); medicamentos (5%), ropa y calzado (4%), y otros.

El juez Grande-Marlaska presidirá la Sala de lo Penal de la Audiencia

Con un ajustado resultado, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial designó ayer al juez Fernando Grande-Marlaska como nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en sustitución de Javier Gómez Bermúdez, que optaba a su reelección y que obtuvo nueve votos, frente a los 11 apoyos que consiguió el finalmente vencedor. Un nombramiento del que el hasta ahora responsable de Instrucción número 3 se mostró «muy, muy satisfecho», ya que, según agregó, tiene la firme intención de ejercer su nuevo cargo «con consenso y responsabilidad», al tiempo que marcó como uno de sus principales objetivos «clarificar las competencias» del «buque insignia» de la Justicia española.

Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) formaba parte, junto con Bermúdez y con la magistrada de la Sala Teresa Palacios, de la terna que fue elevada al Pleno por la Comisión de Calificación de este órgano tras las entrevistas que se realizaron a los siete aspirantes iniciales el pasado 15 de febrero.

Durante dicha intervención, el togado vizcaíno anunció que, en caso de ser elegido, dotaría la actual Oficina de Víctimas -creada a través de un convenio con el Gobierno Vasco- de «verdadero contenido» y daría «consideración especial» a la información a los familiares de los fallecidos y heridos en actos de terrorismo sobre el desarrollo de las causas.

En este sentido, anunció la incorporación a esta Oficina de los profesionales médicos destinados ahora a los Juzgados de Menores y que «podrían estar infrautilizados». «Quiero ser un compañero más, formar un grupo de trabajo, generar un equipo y promover una administración de Justicia con garantías, asumiendo la responsabilidad», manifestó.

Desde la semana pasada el nombre de Grande-Marlaska era el que sonaba en las quinielas como candidato con más apoyos, si bien la situación no era tan clara desde que el pasado viernes los vocales progresistas propusieran la inclusión en dicha terna del también responsable en lo Penal Javier Martínez-Lázaro. El «sector conservador» respondió incluyendo entre los elegibles a otro miembro de la Sala, Alfonso Guevara, y al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan Pablo González, por lo que tan solo quedó descartado de entre los aspirantes el juez Ángel Hurtado.

Finalmente, aunque en segunda votación, el actual juez central de instrucción número 3, que ha ocupado diferentes puestos en la Audiencia Nacional desde 2004, obtiene la plaza que hasta hoy ocupaba Javier Gómez Bermúdez, muy popular desde que presidiera el juicio por los atentados del 11-M en Madrid. 

Ahora, Grande-Marlaska se enfrentará al reto de «clarificar la competencia de la Audiencia Nacional en materia de delincuencia organizada». «Creo que este tribunal ha dado buenas muestras de ser el buque insignia, no solo en España, sino también a nivel internacional, de una lucha eficaz contra la criminalidad organizada», indicó al ser preguntado por la investigación judicial sobre las actividades del duque de Palma, Iñaki Urdangarín. 

Entrevista a la asociación Saltando Charcos de Burgos

Entrevista a la asociación Saltando Charcos de Burgos

http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/entry/2011-10-02T09_53_26-07_00

Los menores de Castilla y León disponen ya del nuevo teléfono 116111 de ayuda psicológica, social y jurídica a la infancia

Los menores de Castilla y León disponen ya del nuevo teléfono 116111 de ayuda psicológica, social y jurídica a la infancia

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y la Fundación ANAR -Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo- presentan la nueva línea de Ayuda a la Infancia, única a nivel europeo, como un instrumento para atender y responder a las necesidades de niños y adolescentes. El número está operativo las 24 horas del día de forma gratuita y confidencial en 19 países de la Unión Europea. De esta forma, todos los niños desde cualquier lugar de Europa podrán encontrar esa atención, estén en el país que estén, con sólo marcar ese número.

El gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Jesús Fuertes, ha presentado hoy de forma oficial la línea 116111 de Ayuda a la Infancia, con el objetivo de que los niños y adolescentes de Castilla y León dispongan de un "espacio seguro, gratuito, confidencial y durante las 24 horas del día" en el que expresar libremente sus preocupaciones y se sientan escuchados y respetados.

Se trata de un número de teléfono común para los países europeos, al que se ha llegado tras varios años de trabajo ininterrumpido. Así, los niños y adolescentes de 19 países de la Unión Europea disponen ya de un número de teléfono corto y de fácil memorización para hablar de sus problemas, manifestar sus temores y para ponerse en contacto con alguien que responda a sus urgencias pero, sobre todo, para encontrar respuestas rápidas y eficaces a sus inquietudes.

Esta actuación, que la Junta ha puesto en funcionamiento siguiendo las directrices de la Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, se enmarca dentro de las medidas desarrolladas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para salvaguardar los derechos de los niños y prevenir situaciones de riesgo, consciente de la necesidad de que exista un instrumento de ayuda eficaz y rápida para dar respuesta a los problemas de la infancia.

La gestión de este número de teléfono común corre a cargo en Castilla y León de la Fundación ANAR - Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo-, una organización sin ánimo de libro cuyos orígenes se remontan a 1970 y que lleva colaborando con la Gerencia de Servicios Sociales desde 1998. Otras once autonomías han elegido también a esta Fundación por su amplia trayectoria y experiencia en la gestión del teléfono 900 202 010 en la ayuda a los menores.

De enero a septiembre de este año, los profesionales que atienden este teléfono han recibido un total de 28.248 llamadas, de las que 28.063 procedían de menores, frente a las 185 realizadas por adultos.

Los niños o adolescentes marcaban el teléfono en el 26% de los casos por problemas sentimentales; en un 19,5% por cuestiones realizadas con la sexualidad, y en un 15,6% por dificultades de relación; el mismo porcentaje que por violencia contra un menor.

En el caso de que los menores presenten problemas o se encuentran en situación de riesgo, el equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que está detrás de esta línea les ofrecen de forma inmediata una ayuda psicológica, social y jurídica. Es lo que se conoce como llamadas de orientación especial -ORES-. En los primeros nueve meses del año, un total de 505 llamadas han precisado orientación especializada. Un 55% de esas llamadas requería atención psicológica, un 23% atención psicológica-social y un 7% atención psicológica-jurídica. En el 13,7% de los casos fue necesaria la intervención coordinada de psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Tras esta orientación, 420 llamadas fueron derivadas para su seguimiento, sobre todo, a colegios, centros de salud o Centros de Acción Social.

OTROS TELÉFONOS DE AYUDA

Junto este número, destinado especialmente para la infancia, existen otros dos números armonizados de interés social que también son gestionados por la Fundación ANAR. Son el 116123 'Línea de Apoyo Emocional', destinado a adultos que necesitan apoyo emocional o sufren soledad, y el número 116000 'Línea directa para niños desaparecidos', reservado para ofrecer un servicio en caso de la desaparición de niños, y trasladar la denuncia a la Policía.

La línea, gestionada por ANAR, atendió hasta septiembre 28.250 llamadas

ACUERDO ENTRE EL OFENSOR Y LA VÍCTIMA

60 menores al año podrán redimir sus pequeños delitos en centros municipales

P.C.P. / Burgos - jueves, 19 de enero de 2012

En la jurisdicción de Menores, los asuntos se llaman expedientes y las penas medidas. Es el fiscal, y no el juez, quien instruye e investiga los hechos y se puede llegar a un acuerdo entre el ofensor y la víctima que evita el juicio, siempre que aquel asuma los hechos, pida perdón y el perjudicado acepte el pacto. Esta fase de reparación del daño entraña una clara intención educativa, mejor entendida y más provechosa cuanto más cercana a la infracción se produzca.
Y es en esta última etapa del proceso en la que entra el Ayuntamiento de Burgos, a través del convenio firmado ayer por el alcalde, Javier Lacalle, con la Fiscalía de Menores. Gracias a él, entre 50 y 60 jóvenes al año podrán redimir faltas o pequeños delitos cometidos sin violencia o intimidación grave, en centros y servicios municipales. En la actualidad ya se mantiene una colaboración, pero lo que se pretende es agilizar el tiempo en que el adolescente tarda en acceder al servicio, de los 6 meses actuales a uno o dos.
Fundamentalmente, se refieren a hurtos, pintadas u otro tipo de daños y robos con fuerza. Sus protagonistas tendrán que ser no habituales de la Fiscalía y su destino estará en centros cívicos, bibliotecas, el Espacio Joven y el Hangar, etc. «No se trata de duplicar los servicios de los funcionarios y del personal laboral», aclaró Lacalle, sino de realizar acciones concretas o tareas complementarias. El Ayuntamiento podrá el seguro y el material y equipamiento necesarios, además de realizar un seguimiento directo de las tareas.
Según el fiscal de Menores José Fernández, un 30% del trabajo anual «cumple el perfil» requerido para beneficiarse del convenio. El tiempo de prestación de los servicios depende de la persona y de la falta o delito cometido. «Los hay que en solo 3 semanas o 1 mes han cumplido y otros que necesitan una actuación más prolongada. Depende de los chicos», apostilló.
Tanto el alcalde como el fiscal jefe de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo, alabaron el trabajo del área de Servicios Sociales, con la concejala Ana Lopidana al frente; y de la plantilla del Ministerio Público en Burgos, ayer representada por Purificación Sobrino; que han logrado un convenio pionero en Castilla y León. Con un año de duración, aunque prorrogable, se empezará a aplicar en cuanto se constituya la Comisión Técnica de Seguimiento.